De la universidad a la cárcel

Al menos 24 integrantes de los movimientos 19 de Abril de distintos municipios de Nicaragua están detenidos en El Chipote a la espera de juicio o ya están siendo procesados por haber liderado protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega desde el mes de abril, las que aún continúan.

La mayoría son destacados estudiantes, menores de 30 años, pero la Policía los señala de “terroristas” y les imputa entre cuatro y ocho delitos, por lo que, de ser declarados culpables, podrían ser sentenciados a penas que oscilan entre los 31 y 68 años de cárcel, según una revisión que Q’hubo hizo de cada caso.

Levis Rugama y Victoria Obando, dos estudiantes de la UNAN-Managua fueron detenidos el pasado 25 de agosto en León. Levis Rugama, estudiante de Derecho, conocido como El Canciller, “es el estudiante que todo profesor quisiera tener”, dice el doctor Ernesto Medina, rector de la UAM.

“Su inteligencia y sencillez es la mejor muestra de que todo lo que dice el régimen en contra de los estudiantes que protestan es una soberana mentira. Levis Rugama es un estudiante ejemplar, su lugar y el de todos sus compañeros está en la Universidad y no en las mazmorras del régimen”, aseguró Medina en una publicación que hizo en Facebook.

Es represión

La CIDH ha hecho constantes llamados al Gobierno para detener la “alarmante activación de prácticas de persecución judicial y criminalización” contra manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos que aún continúa.

El informe de Naciones Unidas “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, señala que en algunos casos, el Ministerio Público ha aceptado testimonios de “supuestos agentes encubiertos” como la única prueba para acusar a los imputados.

Harley Morales, de la Coalición Universitaria y miembro de la Alianza Cívica, asegura que la detención a los dirigentes de movimientos “tiene el objetivo de desmoralizar, desmovilizar y tratar de detener todo proceso de organización territorial”.

“Los prisioneros son percibidos por el presidente Ortega como una forma de mantener una posición favorable en cualquier proceso de negociación. Ortega busca las condiciones más favorables para su salida”, dice.

Según la CIDH, el Estado “debe dar pronta liberación a todas las personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados”.

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