Acusaciones que son dignas de “Ripley”

Algo quizás más sorprendente que la brutal represión y los asesinatos desatados entre los meses de abril y julio, son las acusaciones judiciales que la Fiscalía ha realizado en contra de varios manifestantes nicaragüenses que durante las protestas mostraron su inconformidad contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), informó que esa institución tiene registradas a 630 personas detenidas, de los cuales unas 85 ya han sido condenadas por un juez.

“85 personas condenadas con sentencias irrisorias, que no tienen asidero jurídico, como el caso de señor Luis Enrique Cuevas Poveda, quien ejercía su derecho laboral al vender banderas, banderines o cualquier instrumento que se usa en las marchas pacíficas”, expresó Abarca.

Captura

Cuevas fue capturado 9 de septiembre en el parque San Juan, en la ciudad de León, cuando se encontraba vendiendo banderas, pañoletas, cintillos y pitoretas a manifestantes que participaban de las marchas opositoras.

Teodora Margarita López relató que su esposo fue detenido por agentes que se movilizaban en dos patrullas policiales.

“Capturen a los vende vendebanderas, desalojen este lugar, que es prohibido manifestarse” fueron las palabras de uno de los policías que coordinaba el operativo en contra de los comerciantes”, relató.

A inicios de noviembre el comerciante fue condenado a 5 años y nueve meses de prisión más el pago de una multa de 4,679 córdobas por entorpecimiento de servicios públicos, portación ilegal de armas y amenazas de muerte contra tres hombres originarios de León.

En la sentencia dictada por la titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, Nalía Úbeda Obando, se condena a Luis Enrique Cuevas a 15 meses de prisión por cada una de las tres amenazas de muerte con arma que presuntamente cometió y que, según la judicial, quedaron probadas en el juicio.

Además la jueza Úbeda impuso al comerciante 15 meses de prisión por obstrucción de servicios públicos y nueve meses por portación ilegal de armas, para totalizar así 5 años y nueve meses de cárcel.

El afectado es padre de dos niños: uno de 8 y 10 años, quienes sufrieron agresiones en la escuela donde estudiaban por parte de otros niños, a causa de las injustas acusaciones contra el comerciante, según dijo entonces la madre de los pequeños, Teodora López.

“Como Cenidh hemos recibido denuncias, cuyos casos han obtenido sentencias de 90 años y registros de sentencias de, al menos, nueve mujeres entre ellas, doctores, miembros de la sociedad civil y personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestación pacífica, hay estudiantes que están siendo procesados en estos momentos”, aseguró Abarca.

No tiene dedos, pero lo incriman con huellas digitales

Tobías Gadea, de 19 años, fue declarado culpable por la jueza Alia Dominga Ampié, titular del Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, junto a cuatro jóvenes originarios de Estelí, por los supuestos delitos de obstrucción de funciones policiales y exposición de personas al peligro.

Le faltan dedos

Este caso rayó en lo absurdo, cuando el policía que realizó el peritaje químico a Gadea declaró haber encontrado residuos de pólvora en los cinco dedos de cada mano, a pesar que al imputado le faltan tres dedos de la mano derecha.

La parte acusadora pidió que los cinco estelianos sean castigados con 2 años de cárcel por exposición de personas al peligro y 4 años por obstrucción de funciones policiales, para un total de 6 años.

Sin embargo, el abogado defensor, Boanerge Fornos, solicitó 2 años y seis meses de privación de libertad por la sumatoria de los dos delitos.

Gadea fue capturado el viernes 29 de septiembre cuando participaba en la marcha: Nicaragua en rebeldía, en el barrio El Rosario, en Estelí.

Familires revelaron que el joven es hijo de un destacado guerrillero sandinista de los años ochenta, así como nieto del fundador de la Policia Nacional en la Región Uno de Las Segovias.

Inicialmente, Gadea junto a Wiston José Oporta, de 19 años; Gresly Blandón, de 23 años; y Kevin y Kitzel Pérez Valdivia fueron trasladados a una de las celdas preventivas de la Policía de Estelí, donde sus familiares intentaron realizar un plantón, pero la policía los dispersó.

A El Chipote

Después la Policía les dijo que iba a entregarlos el siguiente lunes (1 de octubre), pero fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote.

Una vez que el caso se judicializó, pasó directamente a las instalaciones de la Sistema Penitenciario La Modelo, en el municipio de Tipitapa.

El 1 de noviembre, familiares de los detenidos volvieron a intentar hacer un plantón en las afueras del Complejo Judicial de Managua, pero fueron asediados por los guardas de seguridad y policía.

Cantar el himno nacional les salió caro

Cantar el himno y gritar consignas por la libertad de manifestantes presos le costó la libertad a Gonzalo Hernández Cáceres, coordinador de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) en Madriz, y su esposa Ana Cecilia Hooker, quien es docente universitaria.

La pareja tiene más 18 días de estar detenidos en El Chipote, hasta el momento sin cargo alguno.

Ambos fueron arrestados el 19 de noviembre luego de que en las redes sociales se viralizara un video en la que aparecen gritando consignas exigiendo la libertad de los manifestantes presos y cantando el Himno Nacional.

El primero en ser arrestado fue el coordinador de Canatur, cuando pretendía abordar su vehículo luego de comprar alimentos para sus hijos.

De repente aparecieron policías que se le acercaron y se lo llevaron por la fuerza hacia la estación de la localidad.

Su esposa, Hooker, al enterarse de la detención se dirigió a la Policía para conocer la situación legal del empresario, pero oficiales terminaron por arrestarla.

De inmediato, Canatur a través de un comunicado exigió la libertad de la pareja.

Familiares denunciaron el caso ante la Comisión Pernamente de Derechos Humanos (CPDH), quienes al igual que Canatur rechazó el actuar policial y lamentó las detenciones.

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