En un movimiento que ha generado controversia, el Gobierno de Nicaragua ha decidido cancelar la personería jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta acción se suma a una serie de medidas similares que han sido implementadas en los últimos años, afectando a un gran número de entidades de la sociedad civil.
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Gobernación, que argumentó que las ONG no habían cumplido con sus obligaciones legales y administrativas. Entre las organizaciones afectadas se encuentran aquellas dedicadas a la promoción de los derechos humanos, la educación y el desarrollo comunitario. La medida ha sido criticada por diversos sectores que consideran que se trata de un intento de silenciar a las voces críticas y limitar el espacio cívico en el país.
El cierre de estas ONG se produce en un contexto de creciente tensión política y social en Nicaragua. Desde 2018, el país ha vivido una serie de protestas y enfrentamientos que han resultado en una mayor represión por parte del gobierno. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país y ha instado al gobierno nicaragüense a respetar las libertades fundamentales.
A pesar de las críticas, el gobierno ha defendido sus acciones, afirmando que están destinadas a garantizar el cumplimiento de la ley y el orden. Sin embargo, muchos observadores temen que estas medidas puedan tener un efecto negativo en la sociedad civil y en la capacidad de las organizaciones para llevar a cabo su trabajo en beneficio de la población nicaragüense.
